Autoridades impiden salida del país de exoficial policial vinculado a caso investigado en Matanzas
Santiago, República Dominicana. La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y organismos de seguridad internacional, logró impedir la salida del país de un exoficial superior de la institución del orden, quien era activamente requerido por las autoridades judiciales tras una denuncia formal presentada en el municipio de Matanzas, provincia Peravia.
El implicado fue identificado como Nicolás Núñez, de 60 años de edad, exmiembro de la Policía Nacional en condición de pensionado, contra quien pesaba una orden judicial de arresto emitida luego de iniciarse una investigación formal por un caso de alta sensibilidad social.
Intento de salida frustrado en aeropuerto del Cibao
De acuerdo con informaciones oficiales, el exoficial fue localizado cuando intentaba abordar un vuelo con destino a los Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional del Cibao, en la provincia de Santiago, durante las últimas horas.
Las autoridades explicaron que el sistema de alertas migratorias fue activado oportunamente, lo que permitió identificar al ciudadano como una persona requerida por la justicia dominicana, evitando así su salida del territorio nacional.
Una fuente vinculada al proceso indicó que el individuo habría intentado abandonar el país con el objetivo de evadir los procedimientos judiciales que se desarrollaban en su contra, razón por la cual se procedió de inmediato a su detención conforme a la ley.
Coordinación interinstitucional clave en el operativo
La localización y detención del exoficial fue posible gracias a una estrecha coordinación interinstitucional entre organismos de seguridad de la República Dominicana y autoridades de los Estados Unidos, quienes colaboraron en el intercambio de información para activar los protocolos de alerta correspondientes.
Asimismo, participaron unidades especializadas de la Policía Nacional, incluyendo el Departamento Especializado de Atención a la Mujer y Violenci4 Intrafamiliar (DEAMVI), que desempeñó un papel determinante en el proceso de búsqueda y localización del sospechoso.
Las autoridades destacaron que este tipo de cooperación demuestra el fortalecimiento de los mecanismos de control migratorio y la voluntad de las instituciones de garantizar que ninguna persona bajo investigación judicial pueda evadir la justicia.
Denuncia formal activó protocolos de búsqueda
El caso que originó el operativo tuvo su punto de partida el pasado 1 de febrero, cuando se presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes, lo que dio inicio inmediato a una investigación especializada.
Tras recibir la denuncia, se activaron los protocolos establecidos por la Fuerza de Tarea Conjunta, iniciándose labores de inteligencia, seguimiento y verificación de movimientos del imputado tanto a nivel nacional como internacional.
Las instituciones involucradas señalaron que, desde ese momento, el individuo fue considerado como una persona de interés judicial, por lo que se intensificaron los esfuerzos para ubicarlo y garantizar su comparecencia ante los tribunales.
Atención médica especializada a menor involucrada
Como parte del proceso, se confirmó que una menor de 7 años de edad se encuentra recibiendo atenciones médicas especializadas en un centro de salud del municipio de Baní, donde fue ingresada de emergencia bajo estrictos protocolos médicos.
Según el reporte oficial, la menor fue sometida a un procedimiento quirúrgico especializado, y actualmente permanece bajo observación médica, recibiendo atención profesional continua por parte de personal de salud capacitado.
Las autoridades informaron que el estado clínico y diagnóstico de la menor se mantienen bajo estricta reserva, en cumplimiento de las normativas legales que protegen la confidencialidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes en situaciones de alta sensibilidad.
Protección de identidad conforme a la ley
En consonancia con la legislación vigente, la identidad de la menor y de sus familiares ha sido completamente protegida. Las autoridades reiteraron que no se divulgarán datos personales ni detalles que puedan permitir su identificación, en apego a las disposiciones establecidas en el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Este enfoque busca garantizar el bienestar emocional y psicológico de la menor, así como evitar su revictimización durante el proceso investigativo y judicial.
Testimonio incorporado al expediente
Durante el desarrollo de la investigación, el Ministerio Público obtuvo el testimonio de una familiar cercana, cuya declaración fue debidamente documentada e incorporada al expediente judicial que se encuentra en curso.
De acuerdo con información suministrada por fuentes judiciales, la testigo habría aportado detalles relevantes sobre un presunto patrón de comportamiento y acercamiento reiterado hacia la menor, información que ahora forma parte de las pruebas evaluadas por las autoridades.
El individuo señalado habría sido identificado dentro del entorno con el alias de “El Coronel”, nombre por el cual era conocido en su comunidad, aunque las autoridades evitaron ofrecer mayores detalles para no entorpecer el proceso judicial.
Ministerio Público lidera proceso judicial
El Ministerio Público especializado en niños, niñas y adolescentes asumió un rol activo desde el inicio del caso, trabajando de manera conjunta con agentes del DEAMVI y otras dependencias de la Policía Nacional.
Las autoridades judiciales reiteraron su compromiso de llevar el proceso conforme a la ley, garantizando el debido proceso, el respeto a los derechos fundamentales de todas las partes involucradas y la aplicación estricta de las normativas vigentes.
Se informó que el detenido será presentado ante un juez en las próximas horas, donde se conocerán las medidas correspondientes dentro del marco legal.
Comunidad de Matanzas sigue atenta al caso
Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad del municipio de Matanzas se mantiene atenta al desarrollo del caso, el cual generó diversas manifestaciones ciudadanas en días recientes, motivadas por la preocupación colectiva y el llamado a que se haga justicia conforme a la ley.
Líderes comunitarios y representantes sociales han expresado su respaldo a las acciones emprendidas por las autoridades, destacando la importancia de que este tipo de procesos se manejen con transparencia, responsabilidad y apego a los valores institucionales.
Llamado a la confianza institucional
Las autoridades reiteraron un llamado a la población para confiar en las instituciones del Estado y en los mecanismos establecidos para investigar y sancionar cualquier hecho que atente contra la integridad y los derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a canalizar cualquier información relevante a través de los medios oficiales, evitando la difusión de rumores o contenidos no verificados que puedan afectar el curso de las investigaciones.
Proceso continúa bajo reserva
Finalmente, se informó que el proceso judicial continúa bajo reserva, y que cualquier información adicional será ofrecida oportunamente por las vías institucionales correspondientes, a medida que avancen las etapas legales del caso.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de actuar con firmeza y responsabilidad, asegurando que ningún ciudadano, sin importar su pasado o posición, esté por encima de la ley.
